Las sanciones anunciadas por Estados Unidos contra una red acusada de operar un esquema de huachicol fiscal comenzaron a generar reacciones en el Congreso mexicano. En la Cámara de Diputados crece el consenso sobre la necesidad de convertir este tema en una prioridad legislativa, con potenciales reformas orientadas a reforzar los controles aduaneros y endurecer las sanciones existentes.

El vicecoordinador de Morena en San Lázaro, Alfonso Ramírez Cuéllar, afirmó que el huachicol "exige respuesta de Estado" y llamó a construir un marco jurídico más robusto para enfrentar el robo y el contrabando de hidrocarburos. "No solamente está saqueando las finanzas nacionales y debilitando la capacidad fiscal y financiera de la inversión pública, sino también formando una casta política criminal muy poderosa, que pone en peligro las propias instituciones", señaló durante una mesa redonda organizada por la Bolsa Institucional de Valores.

El legislador también propuso revisar los mecanismos de trazabilidad de las importaciones y reforzar la vigilancia en puertos, aduanas y terminales de almacenamiento. "Si no se frenan estas redes, el país seguirá perdiendo recursos esenciales para el desarrollo", expresó, añadiendo que con acciones decididas México podría fortalecer sus finanzas, su legalidad y su capacidad de crecimiento con bienestar.

Ramírez Cuéllar adelantó que analiza una serie de propuestas legislativas para reforzar el control aduanero, combatir la corrupción en la cadena de importación y distribución de combustibles, incorporar marcadores químicos para identificar hidrocarburos de procedencia ilícita y mejorar los sistemas de trazabilidad. Estas medidas formarían parte de una estrategia enfocada en fortalecer la soberanía y la seguridad energética del país.

El diputado hizo referencia a la Stop Fueling Cartel Violence Act, iniciativa presentada en mayo por senadores estadounidenses, que sostiene que el contrabando de combustibles implicaría para México pérdidas cercanas a 24 millones de dólares diarios en ingresos fiscales. Además, citó estimaciones de Pemex según las cuales en 2024 se habrían robado alrededor de 987 millones de litros de combustible, casi tres veces más que en 2019.

El martes, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció sanciones contra dos empresarios mexicanos y nueve empresas por presuntamente participar en una red dedicada a importar combustible mediante esquemas fraudulentos para evadir impuestos y lavar recursos. Según las autoridades estadounidenses, parte de la estructura financiera beneficiaba al Cártel Jalisco Nueva Generación, mientras que en México la Unidad de Inteligencia Financiera congeló cuentas como parte de una acción coordinada entre ambos gobiernos.